El Carnaval de Mérida ha llegado a su fin y los escenarios se han desmontado, pero la resaca presupuestal apenas comienza a sentirse. Tras la pirotecnia y los conciertos de María León, Yahir, Yuri, Piso 21 y Grupo Cañaveral, queda la certeza de que la fiesta sirvió para un despliegue de discrecionalidad financiera.
Los números expuestos por el regidor Adrián Gorocica Rojas son contundentes: la bolsa total alcanzó cerca de 76 millones de pesos al sumar los 51 millones aprobados por el Cabildo y los 25 millones inyectados vía la Dirección de Identidad y Cultura, un monto colosal que exige cuentas claras a la administración.
En el ojo del huracán está la jefa de Adquisiciones y Contratos, Lourdes Gabriela Chan Pérez, cuya gestión ha reabierto el debate sobre las redes de poder municipal. Las acusaciones sobre su subordinación a Valery Amador, al exalcalde Renán Barrera Concha y a la estructura heredada de Abril Ferreyro no pueden quedar sin respuesta.
Rendir cuentas no es publicar fotos de familias sonrientes; es transparentar facturas, contratos y justificaciones de por qué se prefirió la adjudicación directa sobre la licitación. La ciudadanía exige saber cómo operó el área de Chan Pérez para autorizar montos de más de 6 millones de pesos por un solo artista.
Asimismo, es imperioso desmentir o confirmar con pruebas documentales los rumores sobre viajes y lujos en el extranjero, tales como cenas en España y Miami o pesca deportiva en Alaska. El uso del dinero público no prescribe con el fin de la fiesta y los ciudadanos demandan absoluta veracidad sobre cada centavo erogado.
Tanto el Comité del Carnaval como las áreas administrativas deben dar la cara ante Adrián Gorocica Rojas y los meridanos. Ningún servidor público, sin importar sus padrinos políticos o su trayectoria desde 2008, está por encima de la obligación constitucional de explicar el destino de los recursos financieros del municipio.
Mérida merece festividades dignas, pero sobre todo merece un gobierno transparente. Es hora de que se audite a fondo la labor de Lourdes Gabriela Chan Pérez y se aclare si la estructura de Valery Amador, Renán Barrera Concha y Abril Ferreyro operó el Carnaval como una fiesta popular o como un lucrativo botín administrativo.
